Radiografía de género de la explotación textil

Rana Plaza Collapse: Death of A Thousand Dreams
Madre de dos de las trabajadoras textiles del complejo Rana Plaza; una de ellas aún hoy, cuatro años después, en paradero desconocido tras el derrumbamiento del edificio. Fotografía de Taslima Akhter/Courtesy Pathshala

Sokty vive entre el Gran Palacio de Bangkok, la estupa budista de Pha That Luang y la Ópera de Saigón, en uno de los distritos más pobres de Camboya (Asia). Cuando era pequeña soñaba con ser médico. En el sistema educativo nacional, la enseñanza primaria acoge a los niños de  entre seis y trece años. Ella abandonó antes de cumplir los once. Ahora tiene veinticinco, marido e hijos; y un horario laboral que supera las diez horas diarias. A la pregunta «¿eres feliz?», responde «No lo soy, no puedo ser feliz, porque a mi familia le falta de tanto. Vivimos de la mano a la boca».

Ejerce de costurera para grandes marcas como H&M, Inditex, Mango o Benetton, pero nunca ha comprado en sus establecimientos. El precio final de cada una de las camisas que ella misma confecciona cada día supera con creces sus ingresos brutos anuales. Se puede decir más alto pero no más claro: en el target de las grandes corporaciones textiles no hay lugar para aquellas cuyas vidas se han visto sistemáticamente degradadas a la infamia, a expensas de seguir manteniendo el velo ficticio que separa Occidente del resto del mundo y que mantiene la idea universalista y quimérica de la responsabilidad social corporativa.

«Hoy se compra el 400% más de ropa en el mundo que hace dos décadas, cada estadounidense desecha al año 36kg de prendas y sólo el 10% del material que se dona a tiendas de segunda mano se vende, el resto acaba en vertederos de países del bloque asiático», son algunas de las crueles revelaciones que nos lega el documental The True Cost, producido por Life Is My Movie Entertainment. Pero el  debate – o la evidencia – sobre la explotación textil de mujeres en zonas como Tailandia, Vietnam, China o India no asaltó las agendas políticas europeas y norteamericanas – países donde se encuentran las principales empresas acusadas de esta ‘mala praxis’ –  hasta abril de 2013, cuando escapó por completo al control de medios de comunicación, gobiernos y demás líderes y sindicatos internacionales: Savar, colapso, Rana Plaza.

Bangladesh: crónica de un colapso anunciado

23 de abril de 2013. Final de la jornada laboral. Muchos de los trabajadores del sector de la confección bengalí advierten a sus superiores de la aparición de grietas de grandes dimensiones en los muros de sus talleres, llegando la noticia a extenderse hacia muchas de las televisiones locales. Los empleados de bancos y comercios desalojan la construcción en ese mismo momento. Los trabajadores – o, en este caso, las trabajadoras – textiles, por el contrario, son llamadas para volver al día siguiente. El dueño del inmueble, Sohel Rana, contrata a una «banda de intimidación física» y amenaza con retirarles el salario correspondiente al último mes si se niegan. Vuelven. Rana Plaza, como se conocía comúnmente al complejo, se reduce a escombros pocas horas después.

El edificio en el distrito de Daca (Savar, Bangladesh) contaba con 8 pisos y albergaba cuatro fábricas de ropa, un gran número de locales y una sede bancaria. La planta baja fue la única que sobrevivió a un derrumbe masivo que acabó por completo con las infraestructuras del inmueble. Los servicios de rescate fijaron la cifra de heridos entre 2.437 y 2.515. Los muertos, 1.129. La mayor parte, mujeres y niñas.

El sector económica y jurídicamente más desprotegido y dependiente del país poco pudo hacer para apelar al protocolo de seguridad y exigir – o al menos, suplicar – su evacuación. Se convertía así en uno de los colapsos de mayor envergadura que habían tenido lugar a nivel global.  En esta línea, el análisis de género es inevitable. No fue fruto del azar que, en su mayoría, fueran mujeres las que murieran aquel día en el derrumbamiento o, en su defecto, quedaran marcadas y mutiladas de por vida.

No es una cuestión de números: los obreros también desaparecieron aquel día en Rana Plaza, también sufren las condiciones insalubres de trabajo y la deshumanización en los talleres. Pero son niñas las intercambiadas a los patrones por dinero y sustento a manos de sus padres en la India. Niñas también, las que no pueden aspirar a escapar de la subordinación a la que son confinadas desde su nacimiento en Camboya. Son mujeres las que «eligen» ser explotadas en fábricas como alternativa única a la prostitución en Bangladesh. Las que deben mantener y cuidar a sus familiares e hijos, pues así se ha impuesto en los anales de la historia, en condiciones tan precarias que acaban incluso con la muerte por inanición.

Las esclavas de la industria textil se ven sometidas a una doble opresión: aquella con la que lidian cada día en los talleres y aquella que le es legada en el mismo momento de su nacimiento, por el mero hecho de ser mujeres.

Siglos antes del derrumbamiento de “Rana Plaza”, el 8 de marzo de 1857, un grupo de obreras textiles recorría algunos de los barrios más ricos de Nueva York para protestar por las condiciones laborales abyectas y deshumanizadoras a las que estaban sometidas. El 8 de marzo de 1908, 146 trabajadoras del mismo sector morían asfixiadas en el incendio provocado de la fábrica Cotton. 105 años después y al otro lado del Pacífico, las reivindicaciones son las mismas: la Nueva York primosecular está en Bangladesh.

Responsabilidad vs. Oportunismo

Los empresarios con domicilio social en la Unión Europea y deslocalización de producción en países orientales parecen hoy haberse convertido en el principal adalid  de la sostenibilidad y el consumo responsable. Pero la realidad es otra muy distinta. Primum vivere, deinde philosophari.

Bangladesh ofrece los salarios y los costes industriales más bajos del planeta para los empresarios. En 2006, y a raíz de las presiones sindicales, el gobierno incrementó el salario mínimo mensual en el sector de la confección hasta llegar a los, aproximadamente, 20 euros. Cuando las trabajadoras salieron a la calle para protestar por lo que consideraban un incremento insuficiente, la represión fue mucho más intensa y se encarcelaron varias líderes de las reivindicaciones.

Los grandes gigantes se valen de la semiesclavitud de mujeres y niñas, que pasan más de la mitad de sus vidas trabajando en el mismo espacio, ejecutando el mismo patrón y exentas, por parte de sus contratistas, de cualquier pretensión que aspire a ofrecer un seguro laboral. La cultura de la impunidad de la que todos somos cómplices permite que una mitad del planeta viva a costa de la extenuación arbitraria de la otra.

La extrema precariedad de fábricas y talleres bengalíes ha convertido la industria del país en una fuente inagotable de catástrofes laborales. Incendios, derrumbes y accidentes con ácido, contracción de la silicosis – enfermedad crónica del aparato respiratorio, al intentar conseguir la técnica del «vaquero desgastado»−; el ‘modus operandi’ siempre es el mismo: advertencias no tomadas en cuenta, desastres de dimensiones colosales, ¿compensaciones?

Más de 30 personas fueron juzgadas por el caso “Rana Plaza”. La responsabilidad última en siniestros como el descrito, de colapso, catástrofe o accidente, recae en el Estado. Pero esto no redime el deber de aquellas marcas que con frecuencia fabrican en países como Bangladesh, y que en este asunto defendían tener poco o nada de culpa.

El salario mínimo interprofesional en España es de 825,7 euros. En China, país comúnmente conocido como «la fábrica del mundo», 170,3 euros. En Bangladesh, pese a que no se trata de un cálculo fácil debido a las condiciones del país, éste se cifra en 504 euros. Sin embargo, hay un cálculo que resulta gratamente sencillo de realizar; la cantidad indemnizada por el Grupo Benetton – y como éste, otros muchos – a las víctimas de su fábrica en 2015, 2 años después de que se hubiera producido el derrumbe: 0 euros.

El movimiento feminista en la lucha contra la explotación textil

Tras la irremediable detonación del conflicto que se dio en este día negro del país, y que no fue sino la materialización de un problema cuyo origen es mucho más sistémico que subsecuente; la crítica feminista internacional disentía sobre los beneficios de establecer unos estándares laborales de aplicación internacional y, de manera más general, sobre la utilidad del activismo transnacional y la organización sindical para las trabajadoras de la confección.

Las conclusiones a las que se llegaron fueron la necesidad de adoptar una postura mucho más proactiva que lograra compatibilizar el crecimiento económico – y, por ende, el crecimiento del empleo – con el aumento de las ganancias salariales y las mejoras en materia de condiciones laborales. El alcance de la respuesta tenía irremediablemente que ser internacional, incluyendo el intra-activismo solidario que ayudaba a las organizaciones locales de trabajadoras y la implantación de aumentos salariales para rescatar a Bangladesh del vórtice de la esclavitud y la pobreza.

Los argumentos de algunos de los opositores más fuertes a esta crítica feminista durante y tras el debate – entre cuyas filas se encontraban Luciano Benetton e Isak Andic, respectivos presidente y director ejecutivo de The Benetton Group y Mango – enfatizaron las ventajas relativas de los trabajos de confección, descartando implícitamente la importancia de los derechos sindicales y criticando el asociacionismo laboral. Estos argumentos dejaron sin cuestionar el actual régimen regulador en Bangladesh al disipar las preocupaciones sobre las malas condiciones de trabajo; negándose incluso, en el caso de Benetton, a ofrecer una indemnización a las víctimas del derrumbamiento durante más de dos años, o en otros, retrasándose y aminorando el pago ofrecido en las declaraciones iniciales ante el colapso.

A raíz de este proceso aparecieron campañas como United Victims of Benetton, cuyo objetivo era incentivar a las empresas a adoptar medidas comprendidas en la responsabilidad social corporativa de éstas y, en último lugar, a los consumidores.

Cuatro años después, poco ha cambiado para las trabajadoras de Bangladesh. Basándose en las nuevas pruebas empíricas que se extraen de las cuentas anuales del país, el crecimiento de las exportaciones bajo el régimen regulatorio del mercado no ha logrado mejorar las condiciones de trabajo en el sector. «Lo que ocurrió en “Rana Plaza” constituye el paradigma de las deficiencias sistémicas de la industria de ropa… Siguen sin abordarse cuestiones fundamentales como la continua represión de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y la falta de transparencia en las cadenas de producción, que imposibilita saber dónde y en qué condiciones producen las marcas sus prendas de ropa.», asegura Eva Kreisler, presidenta de la red internacional sindical y de ONG Campaña Ropa Limpia.

¿El papel del feminismo en la lucha contra la explotación textil? Decisivo, sin duda; pero difícilmente exitoso, como la victoria en todas aquellas batallas que han de librarse en minoría.

Child Labor and Exploitation in Bangladesh
Explotación infantil en Bangladesh. Fotografía de Pep Bonet

India: un tejido laboral defectuoso

Padres que envían a sus hijas a talleres hilanderos bajo la promesa de un trabajo bien remunerado, alojamiento, tres comidas diarias y oportunidades de formación y escolarización. Como no es difícil imaginar, cuando las niñas llegan a las fábricas esta nueva vida laboral es radicalmente opuesta a lo pactado.

Nos situamos ahora en la India, en cualquiera de las zonas rurales empobrecidas que se encuentran a lo largo de los 29 estados del país, y que no son minoritarias.

De acuerdo con el informe Flawed Fabrics, elaborado en 2014 por el Centre for Research on Multinational Corporations y el India Committee of the Netherlands, las asalariadas de todas las fábricas sometidas al estudio presentaban condiciones de trabajos forzosos. Las entrevistadas declararon que no podían irse a casa cuando lo necesitaban, contradiciendo lo que inicialmente se les había dicho al conseguir el puesto. Asimismo, en las condiciones iniciales de empleo no figuraba ninguna cláusula sobre la jornada nocturna. De nuevo, la realidad contradecía lo prescrito: todas las trabajadoras senior – es decir, todas aquellas que ya habían trabajado durante un año en el taller – tenían que trabajar en horario de noche de manera obligatoria.

Este estudio acotaba su alcance al territorio de Tamil Nadu – junto a Kerala y Himachal Pradesh, uno de los estados indios con mejores indicadores de calidad de vida y desarrollo humano –. De entre las trabajadoras anónimas entrevistadas para el mismo, más del 60% no habían cumplido aún los 18 cuando se unieron a la fábrica. Si esto sucede en uno de los territorios del país donde el Estado de bienestar se ha expandido con mayor fuerza, produce vértigo imaginar las condiciones con las que conviven cada día las niñas de Bihar, Jharkhand u Odisha, donde, de acuerdo a la Encuesta sobre el Desarrollo Humano de la India publicada publicado en 2010 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; la tasa de alfabetización femenina no supera en ninguno de los casos el 50%, y el porcentaje de familias que viven bajo el umbral de pobreza vence, en todos ellos, el 45%.

Camboya: la cruda realidad de los sweatshops

Por último, y como más cruda representación de la explotación laboral en el Sudeste asiático, ha de citarse el caso de los talleres de trabajo esclavo de Camboya: los sweatshops.

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Una mujer llora por un familiar fallecido que solía fabricar en la industria de la confección. Fotografía de Rahul Talukder

Esta expresión inglesa se refiere a aquella tienda o fábrica en la que los trabajadores son confinados durante horarios exagerados, a cambio de salarios mínimos y en condiciones laborales insalubres. La trabajadora citada al inicio de este reportaje, Sokty, no es un producto literario ni un «personaje alegórico», sino una trabajadora real de uno de estos talleres cuyo caso salió a la luz en 2014, de la mano del documental noruego Sweatshop, del canal Aftenposten.

La producción, que reunió a tres bloggeros de moda – Annika, Ludvig y Frida – para que experimentaran una jornada laboral completa en uno de estos talleres camboyanos, así como un par de noches en la casa de esta trabajadora, revolucionó a la opinión pública y sacó a relucir, poco después de que hubiera sucedido la tragedia de “Rana Plaza”, los peligros de una industria letal. Las reacciones de los adolescentes ante el choque de realidad eran tan lógicas como desgarradoras: estupefacción, llanto.

El salario mensual otorgado a las trabajadoras era de $130. El alquiler, $30, y los suministros eléctricos junto al agua ascendían a $50. La vivienda no superaba los 15 metros cuadrados. Los horarios laborales abarcaban de seis a siete días semanales, y de 06h de la mañana a 20h de la noche.

Sokty fue invitada por el programa a entrar en el establecimiento de una de las fábricas para las que trabajaba: Mango. Su reacción, «es raro ver los precios, no podría comprar una sencilla blusa. Compro ropa dos veces al año, y no puedo gastar más de $2 por prenda. Coso chaquetas como ésta, pero no puedo comprarlas. Tendría que trabajar un año».

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Trabajadoras de Camboya demandan un salario mínimo mensual de $177. Fotografía por Licadho (Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights)

Las trabajadoras comen en la fábrica. El sueldo diario promedio es de $3. Cada ración de alimentos cuesta aproximadamente $1 en los supermercados, aunque el precio se ve reducido en los mercados locales. La inversión casi exclusiva de los ingresos se destina a la alimentación.

Una de las, entonces, más famosas reivindicaciones que se llevaban al terreno político, en formase de grandes manifestaciones multitudinarias, se hallaba bajo el eslogan «We just need $160». Sólo se requerían $160, un aumento insignificante del salario mínimo que necesitaban únicamente para subsistir. Todas las protestas que se llevan a cabo en el país sufren una represión casi inmediata, una respuesta estatal cruda. De nuevo, y en la mayoría de las ocasiones, son mujeres las que encabezan estas protestas, las más afectadas del sector, las sometidas a la precariedad laboral más explícita, que no es en esencia sino violencia capitalista y patriarcal.

Las conclusiones finales a las que llegaron los jóvenes participantes del documental tras pasar unos días inmersos en esta realidad, tan distinta, legítima y real como la suya, daban un retrato fidedigno a la par que desolador de la situación: «nosotros somos ricos porque ellas son pobres».

Alternativas para un consumo responsable: la solución colectiva

El informe Moda: industria y derechos laborales. Guía para un consumo crítico de ropa de Albert Sales plantea catorce preguntas que deben formularse siempre antes de realizar una compra a la industria de la moda: « ¿Necesito lo que estoy a punto de comprar?, ¿quiero satisfacer un deseo?, ¿estoy eligiendo libremente o es una compra compulsiva?, ¿tengo más prendas iguales?, ¿cuánto lo usaré?, ¿cuánto me durará?, ¿podría pedir a un amigo o familiar que me deje algo igual?, ¿puedo pasar sin ello?, ¿podré mantenerlo, limpiarlo o repararlo yo mismo?, ¿he buscado información y he comparado con otras piezas?, ¿cómo me desharé del producto cuando termine de usarlo?, ¿de qué materiales está hecho?, ¿hay algo que yo tenga que pueda reemplazarlo?, ¿me he informado de quién ha hecho el producto y de cómo lo ha hecho?».

Esta actuación, que ‘a priori’ puede parecer tediosa e ineficiente, respaldaría e impulsaría las acciones sindicales en los países orientales y comportaría que su lucha respirara aliviada ante la vislumbración de un posible éxito venidero; la enseñanza que se extrae de la propuesta de Sales. La responsabilidad última de su situación es innegablemente estatal, una cuestión política, pero el consumidor de a pie puede ayudar con su concienciación y su acción a detener la rueda de la explotación textil.

Las trabajadoras del sector textil que viven continuamente bajo condiciones de esclavitud no necesitan ser salvadas. Necesitan dejar de ser expoliadas de su derecho más legítimo: la dignidad, el futuro.

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